Autores: Liz Grados-Lazaro; Fiorella Caso-Mauricio; Evelin Arotaype-Quispe; & Cristian Yarasca-Aybar
Este texto es un resumen del artículo original: Grados-Lazaro, L., Caso-Mauricio, F., Arotaype-Quispe, E., & Yarasca-Aybar, C. (2026). Socio-spatial transformations by large-scale mining operations in the Central Andes: Espinar, Peru. Landscape Research, 51(1), 42–65. https://doi.org/10.1080/01426397.2025.2507344
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América Latina se encuentra entre los exportadores de minerales más importantes del mundo, en particular Chile y Perú, que juntos representan más de un tercio de la producción mundial de cobre. Chile y Perú son los principales productores de cobre, con un 23 % y un 11 % de la cuota mundial, respectivamente (MINEM, 2023a). Sin embargo, la abundancia de riqueza mineral en la región andina también alimenta tensiones socioespaciales, sobre todo cuando las comunidades indígenas o campesinas se oponen a proyectos mineros que amenazan el uso consuetudinario de la tierra y la gestión de los recursos (Calderón-Seguel et al., 2021, p. 2). Perú, el segundo mayor productor de cobre del planeta y país que alberga la tercera mayor reserva de cobre sin explotar, es un ejemplo de estas tensiones; se estima que el 15 % de su territorio ha sido objeto de concesiones mineras (Figura 1), mientras que las operaciones extractivas actuales ocupan más de 1,8 millones de hectáreas (el 1,42 % de la superficie nacional) (MINEM, 2023b). La mayoría de estas operaciones se sitúan por encima de los 3.000 metros, en zonas andinas de gran altitud, históricamente dedicadas a la ganadería y la agricultura a pequeña escala. En consecuencia, los cambios inducidos por la minería (como los reasentamientos involuntarios, el crecimiento urbano abrupto y el establecimiento o declive de núcleos de población) reconfiguran tanto el terreno físico como los medios de vida de las comunidades. Las modificaciones del paisaje van desde laderas excavadas y ríos desviados hasta excavaciones para túneles y pozos, todo lo cual provoca repercusiones multifacéticas a escala local, regional y nacional (Gonzales Gavilano, 2017, pp. 510-512; León, 2019, pp. 6-7).
La provincia de Espinar, situada en la región del Cusco, al sur de Perú, ilustra estos procesos. Desde 1980, se ha convertido en un importante centro minero, y actualmente cuenta con 362 concesiones que ocupan aproximadamente el 43 % (2.200 km²) de su territorio (Espinar, 2017, p. 91; Huañahui Sillocca, 2019, p. 196) (Figura 2). El distrito de Espinar, capital de la provincia homónima, alberga aproximadamente un tercio de estas concesiones (que incluyen yacimientos de cobre, hierro y molibdeno), que cubren el 61 % de su superficie total. Muchas concesiones pertenecen a la multinacional Glencore Xstrata, que gestiona explotaciones en funcionamiento como Tintaya y Antapaccay, y tiene previstos proyectos futuros como Coroccohuayco y Quechua (Dueñas-Cabrera et al., 2009, p. 66). Aunque estos proyectos generan oportunidades de empleo e infraestructura, también alteran profundamente el medio ambiente andino y provocan conflictos en torno a los recursos hídricos, la tenencia de la tierra y la indemnización por las pérdidas agrícolas locales (Nuñez-Del Prado, 2013, p. 62).
Las consecuencias para las 17 comunidades campesinas del distrito de Espinar (13 de las cuales se consideran directamente afectadas por estas actividades mineras) son especialmente graves. Muchas de ellas se dedican a la ganadería y a la agricultura a pequeña escala, actividades que dependen de fuentes de agua bien conservadas y de la calidad del suelo. A medida que se amplían las concesiones mineras, surgen conflictos en torno a la reducción del acceso al agua y a las tierras de pastoreo, que a menudo culminan en desplazamientos y reasentamientos involuntarios. Esto, a su vez, acelera la urbanización de zonas anteriormente dedicadas a la agricultura, y las familias desplazadas se trasladan a barrios periurbanos en condiciones que rara vez les permiten mantener sus medios de vida tradicionales. Estas transformaciones implican no solo una reorganización física del espacio, sino también importantes cambios culturales, ya que se ven erosionadas las prácticas ancestrales vinculadas a la identidad territorial y a la gestión comunitaria de los recursos.
Régimen territorial de la minería en Espinar
El distrito de Espinar ha convivido durante casi 40 años con la actividad minera, representada por dos proyectos mineros principales (Tintaya y Antapaccay), que se clasifican como minería a gran escala (áreas de explotación superiores a 2.000 hectáreas y una producción superior a 5.000 toneladas métricas al día) (INEI, 2017b; MINEM, 2022, p. 33). En 1985, los avances tecnológicos en la industria minera hicieron posible la minería a cielo abierto en Espinar; sin embargo, este tipo de minería requería grandes extensiones de terreno (Gonzales Gavilano, 2017, p. 125). Por otra parte, el ciclo de vida de una mina consta de cuatro etapas: exploración, construcción, explotación y cierre. En el caso de Espinar, las explotaciones mineras de Tintaya y Antapaccay se encuentran en diferentes etapas:
- La mina de Tintaya tuvo una vida útil de 27 años. Comenzó a funcionar como una gran mina en 1985 y su explotación finalizó en 2012 debido al agotamiento de las reservas mineras. Ese mismo año se puso en marcha un plan de cierre progresivo cuya finalización está prevista para 2033 (Tintaya-Antapaccay, 2010, p. 1). Parte del proyecto minero de Tintaya sigue en funcionamiento (denominada ZBT) y actualmente está vinculada al proyecto minero de Antapaccay.
- La mina de Antapaccay comenzó a funcionar en 2012 y tiene una vida útil estimada de 22 años (hasta 2034). El proyecto minero de Antapaccay produce un concentrado de cobre que se transporta en camión hasta el puerto de Matarani (en la región de Arequipa, al sur de Espinar). El proyecto minero de Antapaccay comprende dos zonas: la Zona de Explotación de Antapaccay (ZEA) y la Zona de Beneficio de Tintaya (ZBT). En la ZEA, el mineral se extrae, se tritura y, a continuación, se transfiere a la ZBT (mediante una cinta transportadora en superficie de 7 km de longitud) para su procesamiento y la eliminación de los residuos (Tintaya-Antapaccay, 2010, p. 7).
Los niveles de influencia de los actores en el territorio de Espinar se clasificaron en tres categorías: internacional (empresa minera), nacional (Estado) y local (población local y flotante). Ocho empresas mineras obtuvieron derechos de explotación en Espinar (desde 1985 hasta la actualidad): dos nacionales y seis multinacionales (Gonzales Aguilar, 2021, p. 84).
En la actualidad, los proyectos mineros «Tintaya», «Antapaccay» y «Coroccohuayco» (aún en fase de desarrollo) pertenecen a la empresa «Glencore Xstrata». Las estrategias que las empresas mineras desplegaron para que el sistema minero pudiera funcionar fueron diferentes. En el caso de la mina Tintaya, la empresa construyó un campamento minero dentro de su perímetro para proporcionar alojamiento y comida. Sin embargo, la influencia de la minería transformó la comunidad rural de Tintaya Marquiri en un núcleo de población funcional para un sistema minero denominado «Pueblo Joven Tintaya Marquiri». En el caso de la mina de Antapaccay, la empresa trató de aprovechar su proximidad a la localidad de Yauri (capital del distrito de Espinar) y al «Pueblo Joven Tintaya Marquiri» para satisfacer las necesidades de mantenimiento, alojamiento, alimentación y servicios. La demanda de servicios generada por la mina produjo nuevos vínculos económicos y condujo a la creación de varias empresas locales que satisfacen las necesidades del sistema minero.
Las reacciones de la población de Espinar ante la minería son diversas. La población urbana (itinerante y permanente) considera la minería una oportunidad económica para el desarrollo, mientras que la población rural la ve como una amenaza constante. En Espinar se entablaron negociaciones entre las comunidades rurales y las empresas mineras a través de mesas redondas de diálogo que condujeron a la firma de acuerdos sin precedentes sobre desarrollo sostenible, tierra y derechos humanos. Existe también un acuerdo marco entre la empresa minera Antapaccay y el Ayuntamiento de Espinar, que consiste en un reparto del 3 % de los beneficios para proyectos de desarrollo e inversión social a nivel provincial (Eckhardt et al., 2009, p. 105). Sin embargo, el papel del Estado (gobiernos central y local) se cuestiona constantemente, ya que parece que los gobiernos en el poder siempre han favorecido los intereses de las empresas internacionales en detrimento de las comunidades rurales afectadas.